Dr. Héctor G. González Cabrera
El modelo chavista, ya llegó.
“Si los pueblos no se ilustran, si no se vulgarizan sus derechos, si cada hombre no conoce lo que vale, lo que puede y lo que se le debe, nuevas ilusiones sucederán a las antiguas, y después de vacilar algún tiempo entre mil incertidumbres, será tal vez nuestra suerte mudar de tiranos, sin destruir la tiranía.”
Mariano Moreno, Plan de Operaciones (1810).
El derecho de propiedad es uno de los derechos naturales que tienen todas las personas, siendo una punta dentro de la trinidad conjuntamente con la vida (máximo derecho humano) y la libertad.
No requiere ser consagrado por una norma positiva para conocer su existencia, es inherente a la calidad humana, quien se hace de un objeto mueble o inmueble por medios lícitos, tiene sobre la cosa un derecho inalienable de propiedad, lo cual conlleva el uso, goce y la propia destrucción de la cosa, si así lo desea.
Dentro del uso y goce el margen es muy amplio, y, mientras no se ingrese en la esfera privada de terceros, nadie tiene derecho a inmiscuirse y decidir sobre mi propiedad.
Frente a esas bases aparece el Leviatán, el Estado soberano, que por motivos de interés público o interés general se atribuye el poder de limitar el derecho de propiedad, partiendo en Uruguay del art. 7 de la Constitución de la República.
Diría Spooner que ese artículo no es más que un fraude, una Constitución sin autoridad, donde nadie tiene derecho a redactar en papel el robo de otro, más si este no lo consintió. Para él, la Constitución no puede hacer legítima la usurpación del fruto del trabajo de un hombre libre.
Ahora, desde aquí, partiendo de la base del respeto a la Constitución como norma fundamental de un Estado, y asumiendo su legitimidad, pero, partiendo de la idea del anarquista estadounidense (aunque él no adoptaría nacionalidad), trasladándolo a la potestad de la ley, que obtiene su validez para limitar derechos esenciales por mandato constitucional, observamos que la Cámara de Senadores ha votado por unanimidad un nuevo cercenamiento a la propiedad, y lógicamente lo perfumó con un nombre con fines de justicia social “Desestímulo de Viviendas Vacías”, pero, como se ha dicho por el suscrito en otros temas, las cosas por su nombre: “¡EXPRÓPIESE!”
Este proyecto aprobado es un atentado contra uno de los pilares fundamentales de una sociedad libre. Bajo el pretexto de optimizar el uso de bienes inmobiliarios, se ven vulnerados los derechos individuales, reforzando la intervención estatal arbitraria y se socava la seguridad jurídica.
El Derecho de Propiedad no es un privilegio sino un Derecho Natural Institucionalizado.
Decir que un inmueble que no se utiliza por un determinado tiempo y mantiene deudas nacionales o municipales tiene que ser expropiado para regularizar la situación es un atropello indefendible contra la propiedad, que pone en jaque y en dudas la seguridad jurídica, aleja las inversiones y promueve el estancamiento.
Quien adquiere un inmueble puede habitarlo, dejarlo vacío, arrendarlo, en fin, darle el destino que quiera. También puede descuidarlo y que el inmueble quede en ruinas, y, lógicamente deberá hacerse responsable con su patrimonio de los daños que este pudiera causar a terceros.
Dentro de las posibilidades, puede decidir dejar de pagar los tributos porque le parecen leoninos, o porque no puede pagarlos momentáneamente. Entonces se forma un combo mortal para el propietario. Quien posea un inmueble vacío y que no puede pagar los tributos será expropiado pues, desde ahora, la propiedad privada para el gobierno y sus cómplices, no es más que un mero instrumento social que arbitrariamente puede ser intervenido.
El propietario de un inmueble del que comenzamos hablando en este artículo, que tiene el derecho moral y económico de decidir qué hacer con su propiedad, incluyendo mantenerla vacía si así lo desea (aunque pueda parecer socialmente ineficiente), será obligado a darle uso, so pena de sufrir las consecuencias de la nueva justicia social.
Cuando el Estado sabe (cree saber) darle al bien un mejor destino que el propietario.
Este tipo de proyecto supone que el Estado sabe mejor qué uso deben tener las cosas que sus propietarios. Pero esa es una falacia del conocimiento centralizado. Nadie, ni una comisión parlamentaria, ni un gobierno, tiene la información y el incentivo correcto para asignar cada vivienda al uso “óptimo” socialmente útil.
Entonces, castigar a quien no la usa, mediante la expropiación, distorsiona seriamente los incentivos, pues, los propietarios enfrentan el riesgo constante de que el Estado cambie las reglas y les arrebate sus bienes.
Si se permite que el Estado avance en este tipo de normas bañadas de supuesta conciencia social, se le da la llave a la expropiación generalizada, y ya no solo del derecho de propiedad. Ya lo han intentado con la intimidad y datos bancarios, y seguirán con la libertad prometiendo la tan ansiada seguridad personal.
Planteémoslo en otros términos, si un inmueble puede ser expropiado solo por estar vacío, ¿qué bienes quedan a salvo mañana si el Estado decide otros criterios, por ejemplo, rentabilidad, densidad, tipo de uso?
De acuerdo con cómo están las cosas, como se ha avanzado o se está intentando avanzar por parte del gobierno frenteamplista, es momento de defender ya no solo la libertad en todas sus fases, sino, la simple seguridad jurídica, piedra angular de la estabilidad y desarrollo.
Un Estado de Derecho modelo, exige que las reglas sean conocidas, estables y respetadas. En consecuencia, el proyecto erosiona la certeza de que el título de propiedad es sólido, que el dueño no será despojado según criterios que cambian con el viento político.
Empresarios y ciudadanos racionales calculan riesgos, si a esos riesgos ahora se debe incluir la eventual “pérdida del bien” por política cambiante, los inmuebles carecerían de valor de mercado, pues no existe previsibilidad sobre si puedo invertir en un inmueble para arrendarlo, con la mala suerte de no conseguir inquilinos y hasta la eventual proyección de no poder pagar los tributos, en consecuencia esa inversión se retirará e irá a sectores protegidos por vínculos políticos, lo que hoy serían las energías verdes, por ejemplo, pero solo por hoy, porque, ante este tipo de incertidumbre podría cambiar en poco tiempo.
Podrá sonar exagerado, pero piense el lector, ¿si hace diez años le hubieran dicho que los inmuebles serían expropiados por su no uso, que hubiera pensado? En definitiva, esta inseguridad jurídica, más que un asunto técnico/legal, es un freno al crecimiento económico, los capitales no fluyen hacia proyectos de largo plazo si el Estado puede apropiarse de ellos con procedimientos ágiles bajo la excusa de uso social.
La excusa del pobre, el abuso de la dicotomía pobre/rico.
En época de demagogia política, y de uso de palabras aromáticas, el relato es claro y de manual, es un desperdicio social la existencia de viviendas vacías, esas casas ociosas que no benefician a la sociedad.
Entonces, en lugar de evaluar los costos tributarios para construir, los impuestos a la propiedad, las leyes que regulan los alquileres, o las iniciativas de controlar las plataformas de alquileres temporales, en beneficio de cámaras inmobiliarias que lucran con la propiedad ajena, optan por la decisión más simple, arrebatar la propiedad a su legítimo propietario para darle el destino que el gobernante de turno considere. Funcionando el Estado como juez supremo del valor útil.
Este proyecto es un paso muy peligroso hacia el deterioro del derecho de propiedad, estos modelos socialistas nunca renuncian una vez instaurados, siempre van por más, haciendo interpretaciones extensivas en favor de los intereses estatales. Una vez abierta la puerta, no se cerrará, lo que parecía inverosímil se normaliza.
Confiscar la propiedad no es una acción moralmente neutra, es usar la fuerza del Estado para transferir bienes, aun cuando los fines se presenten como socialmente útiles.
En definitiva, este proyecto es una invitación peligrosa a la arbitrariedad del legislador sobre la propiedad privada, porque, aun partiendo de supuestos que se presentan a priori nobles (evitar viviendas ociosas), termina socavando los fundamentos de la libertad económica, la estabilidad institucional, seguridad jurídica, y, sobre todo, el derecho natural de propiedad.
Es tiempo de practicar el coraje, dejar de vivir encorvados por el iesgo de incomodar al gobernante de turno, aunque en un principio parezca que estamos solos, escribiendo desde la periferia, se derrotará a quien amenaza los derechos de todos.
ASOCIACIÓN DE LIBERALES DEL URUGUAY
- Vida
- Libertad
- Propiedad
