El art. 635 del proyecto de ley de presupuesto nacional abre la puerta a que la DGI, y el Estado en definitiva se entrometa en la vida financiera de todos los ciudadanos ante la mera sospecha de evasión fiscal, sin control administrativo ni judicial previo, atentando directamente contra la soberanía e intimidad. Relevándose la bandera histórica del Uruguay, el secreto bancario.

No resulta exagerado afirmar que se cierne sobre nosotros las sombras del autoritarismo, nos encontramos ante una de las agresiones más radicales a la privacidad y a los derechos humanos: la violación del secreto bancario sin la debida autorización judicial. Lo que otras legislaciones suelen considerar como medidas de modernización o antifraude no es sino una puerta abierta a la masificación de la vigilancia y a la erosión de las libertades individuales.

La libertad, esa palabra tan vilipendiada, cede ante la maquinaria de control estatal, dando paso a un sistema donde el Estado tiene la capacidad de penetrar las esferas más íntimas de cada individuo sin necesidad de justificación ni supervisión: ¿cuánto hay? ¿en qué se gasta? ¿cuándo se gasta? ¿cuánto y de quién ingresa?

El secreto bancario no es una simple figura jurídica, ni un capricho de los ricos, es quizás la última barrera que defiende la autonomía personal frente al poder estatal. Bajo su resguardo, cualquier individuo tiene el derecho de decidir qué compartir y qué no, sin ser forzado a exponer su vida privada frente a un sistema que ahora se pretende con la autoridad para decidir por él. Máxime cuando la bancarización se presenta aun sin serlo, cada día más obligatoria, y más aún si se exceden los máximos establecidos en la ley para pagar con dinero en efectivo.

En un mundo donde la tecnología avanza a un ritmo vertiginoso, y donde la Central Bank Digital Currency (CBDC) toma cada día más preponderancia, la tentación del gobierno de acceder a datos sensibles, como los bancarios, se convierte en una forma más de control social. Enmascarado en causas como la lucha contra el lavado de activos o el seguimiento contra el narcotráfico, la corrupción o delitos financieros, el Estado se presenta como el protector de la moral, ética y seguridad, cuando en realidad es el verdugo de la libertad.