Desde una perspectiva libertaria, el sistema de aportes al FONASA para trabajadores independientes no es un error técnico ni una mala política pública. Es un ejemplo claro de coerción estatal aplicada sobre quienes eligen vivir de su propio trabajo, sin depender de un patrón ni del Estado.
El trabajador independiente en Uruguay no aporta según lo que gana. Aporta según un mínimo impuesto por ley, aunque sus ingresos reales sean menores. El mensaje es brutalmente simple: no importa tu realidad económica, importa la necesidad recaudatoria del Estado. Si no tenés otro empleo, pagás. Aunque no corresponda. Aunque no puedas. Aunque estés empezando.

Esto viola un principio básico de la libertad individual: la propiedad sobre el fruto del propio trabajo.
Cuando el Estado obliga a pagar más de lo que corresponde y no devuelve el excedente, deja de recaudar y pasa a confiscar.

No estamos hablando de solidaridad voluntaria. Estamos hablando de extracción forzada bajo amenaza de sanción. Eso, en términos libertarios, tiene un nombre claro: coerción.

La situación se agrava cuando, lejos de corregir el abuso, el poder político decide endurecerlo. La modificación de las devoluciones de FONASA impulsada bajo la administración de Yamandú Orsi no es un ajuste administrativo menor. Es una señal ideológica: cuando el Estado cobra de más, el problema no es del Estado, sino del ciudadano que “pretende” que le devuelvan lo que es suyo.

Este cambio consolida una lógica peligrosa: el Estado no reconoce límites a su capacidad de apropiación. Cobra mínimos arbitrarios, elimina mecanismos de devolución y redefine las reglas a su favor. La seguridad jurídica desaparece. La previsibilidad fiscal se rompe. El individuo queda indefenso frente a un aparato que siempre gana.