Dr. Héctor G. González Cabrera
La voracidad recaudatoria del Estado y la construcción ideológica del "lavado de activos".
La relación del Estado con las finanzas de los ciudadanos se ha vuelto un asunto que bordea el exceso, lo que permite entender cómo opera la sociedad actual. En las últimas décadas, ha surgido con fuerza un discurso que busca justificar la vigilancia constante sobre los movimientos económicos de las personas, todo bajo el estandarte de la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico y, en particular, el lavado de activos.
Este último, aparentemente incuestionable en su legitimidad, legalidad y justicia, merece un análisis desde otra óptica, por fuera a lo que se ha instalado desde los años 1920 cuando las lavanderías eran el refugio del dinero proveniente del delito, dándole el nombre a nuestra vedette: el “lavado” de activos, porque, más allá de lo que dice la ley, los ríos de tinta de doctrina y las sentencias judiciales, en realidad, lo que se constituye como una construcción jurídica e ideológica, presenta tras de sí claros fines políticos y recaudatorios.
El Estado y su apetito recaudador.
Como están las cosas, definimos al Estado como un gran aparato que requiere enormes cantidades de recursos para sostener su funcionamiento, burocracia y red clientelar.
Este sistema que se manifiesta ineficiente y con sospecha de corrupción, tiene como norte a la recaudación, siendo esta una obsesión permanente, en consecuencia, cada hecho o acto jurídico que se presente hábil para la percepción de dinero es abrazado por el político que más que el bien general pretende mantener sus privilegios de clase. Cada mecanismo que permita ampliar la capacidad de control tributario y fiscal es rápidamente adoptado, aunque ello implique vulnerar la privacidad de los ciudadanos.
El lavado de activos no es ajeno, sino es una excusa perfecta, un instrumento de gran utilidad, pues, embanderados con la prevención y el cuidado de la economía nacional, dicen que se busca evitar que capitales “sucios” ingresen a esa economía formal, utilizando para ello cuanta medida de vigilancia e intromisión a la privacidad se le ocurra al gobernante de turno, entrometiéndose en lo más profundo de la intimidad del ciudadano honesto, con exigencias referentes a las transacciones, límites al uso del dinero en efectivo, monitoreo de las transferencias bancarias, entre otras acciones intrusivas.
Esto es presentado por el político como un mal necesario que debe soportar el ciudadano para conservar el bien común, con conceptos tales como que el esfuerzo debe ser realizado entre todos con el fin de combatir el crimen organizado, cuando detrás del telón, la realidad muestra que lo que verdaderamente se hace es un rastreo y control sobre la vida de las personas, o ¿acaso el fantasma del crimen organizado ha finalizado desde que se implementaron estas políticas?, por el contrario, ha ido en aumento, por lo que la ecuación
es simple: cuanto más se enriquecen quienes manejan el crimen organizado, más se le cercenan las libertades y se entromete el Estado en la vida e intimidad de las personas.
Pero sepa el lector que existen dos tipos de lavado de activos, el malo, el que supuestamente se pretende evitar hurgando hasta dentro de las sábanas de los ciudadanos, y el bueno, el que realiza el Estado ante decomisos que realiza en su rol de policía.
El decomiso es definido como “la privación con carácter definitivo de algún bien, instrumento, fondo, activo, recurso o medio económico por decisión del tribunal penal competente a solicitud del Ministerio Público, como consecuencia de la actividad ilícita”, más sencillo: el traspaso de la cosa del presunto delincuente a las arcas estatales.
La Ley Antilavado nro. 19.574 dispone que el Estado decomisará todos los bienes que procedan del delito de lavado y los pondrá a disposición de la Junta Nacional de Drogas. De esta manera, todos los dineros y bienes que se decomisen se transferirían a este ente, pudiendo rematarse por ejemplo los inmuebles para liquidarse fácilmente.
En consecuencia, estos bienes si son productos de un delito, y son del lavado de activos, el Estado al rematarlo y destinar el dinero de ese remate para su beneficio estaría cometiendo un nuevo delito de lavado de activos. Pues, bajo la legalidad que se auto otorga por medio de la ley, es el Estado quien aprovecha el producido del delito original en su beneficio.
Aun cuando desde la propia norma dice que prioritariamente se buscará destinar “los bienes a personas físicas y jurídicas afectadas directa o indirectamente por las actividades delictivas”, en el delito precedente del narcotráfico, no resulta nada sencillo individualizar víctimas, máxime cuando el bien jurídico tutelado es la salud pública. En esos casos no caben dos lecturas, quien aprovecha el delito de venta de drogas no es otro que el Estado quien se hace de bienes y dinero adornado de justicia social.
El lavado de activos como construcción jurídica e ideológica.
Ahora, debemos preguntarnos si el delito de lavado de activos existe como fenómeno autónomo o, si en realidad se trata de una etiqueta ideológica creada para reforzar una determinada visión del mundo.
La idea central es que existen bienes o capitales que, por estar vinculados a actividades ilícitas, deben ser “lavados” para integrarse al sistema económico formal. Esta metáfora, con una fuerte carga moral, presenta a la economía como un espacio limpio que puede ser corrompido por la criminalidad, y la consecuente contaminación que ello conlleva.
Sin embargo, si salimos del relato, nos paramos en la vereda de enfrente y lo analizamos desde una perspectiva más escéptica, advertimos que no se trata de un delito que cause un daño material directo a la sociedad por si mismo, como sí ocurre con otros como el hurto, el homicidio o la estafa.
Sobre este razonamiento, Mises sostenía que no existen delitos sin víctima. Por lo cual, el lavado no sería un sería un delito en si mismo, sino un artilugio legal que surge porque el Estado previamente prohíbe actividades como el narcotráfico, la defraudación fiscal, etc.
Siguiendo en esta línea y analizado con total objetividad, parece ser que lo que la ley define como lavado de activos es, en el fondo, la circulación de dinero sin conocimiento o control de las garras del Estado. Por tanto, en el fondo no se trata de que ese dinero cause en sí mismo un perjuicio concreto, porque como vimos, cuando es utilizado por el Estado, pasa a ser dinero limpio “que le quitamos al delincuente”, sino de que ese capital, evade el aparado fiscal y recaudatorio estatal.
Se concluye rápidamente que el verdadero problema para las autoridades no es la existencia de fondos ilícitos, sino el hecho de que ese dinero “negro” escapa a su alcance.
Analizado de esta manera, el lavado de activos es un conector ideológico que genera temor en el ciudadano y su consecuente genuflexión, a que encausados por el bien de la sociedad se preste a entregar información privada, cumplir sin queja (aunque con resignación) con exigencias burocráticas y justificar el origen de sus fondos habidos con mucho esfuerzo, para no ser sospechado de estar vinculado a un delito.
La imposición estatal es tal, que la mera oposición o intento de defensa de la privacidad financiera, en definitiva, su intimidad, se vuelve sospechosa.
El rol de la academia en la consolidación del concepto.
Un concepto no nace solo si no es propulsado por varios actores dentro del Estado, y para quienes hemos caminado los pasillos de la Universidad, o para quien no lo hecho, pero enciende la televisión, radio, hurga en la web o en redes sociales y observa las noticias policiales que hablan del lavado de activos, notarán que existe un gran impulso a resaltar y endemoniar todo lo que relacione al blanqueo de capital.
El rol de la academia ha sido clave en la legitimación del lavado de activos. Lejos de mantener una actitud crítica, gran parte de los estudios universitarios en derecho, economía y ciencias sociales han sucumbido bajo el discurso oficial, reforzando la idea de que el lavado de activos es un enemigo global contra el cual toda la sociedad debe pelear y soportar que se avasallen sus derechos en su nombre y por el bien común.
Ríos de tinta, manuales, tratados, sentencias, congresos internaciones repitiendo una y otra vez los mismos conceptos: el lavado está íntimamente ligado al narcotráfico, que representa un flagelo para las economías y que es necesario generar redes globales de cooperación para combatirlo, cediendo soberanía.
En lugar de interrogar la naturaleza misma del concepto, cumplir el verdadero designio crítico que debe tener el profesional académico, se ha dedicado a enaltecerlo, generando
una literatura que justifica la expansión de las facultades estatales de vigilancia y violación de la intimidad.
En extenso, los medios masivos de comunicación y las universidades han asumido el papel de difusores de una ideología que refuerza la tesis de que el ciudadano común debe sacrificar su privacidad y libertad financiera en aras de un supuesto bien mayor, en beneficio, obviamente, del Estado.
El narcotráfico como excusa.
El pretexto favorito para justificar la existencia del lavado de activos es el narcotráfico. Aun cuando normativamente se han sumado un elenco enorme de delitos precedentes, aunque con particularidades, por ejemplo, el hurto es delito precedente, pero solo si es por una suma mayor a 100.000 UI, lo cual solo demuestra el oportunismo de la figura en estudio, porque, si es por 99.999 UI no sería lavado. Lo cual demuestra lo ideológico de la figura en estudio. Digamos en su defensa que se trata por un lavado selectivo.
Dicho esto, no cabe duda de que el tráfico de drogas es un fenómeno real, con consecuencias sociales y sanitarias graves. Sin embargo, la conexión entre narcotráfico y lavado ha sido presentada de manera exagerada para dar sustento a políticas de control que van mucho más allá de combatir a los carteles, transformándose en un verdadero negocio estatal.
Se ha instalado la idea de que cualquier operación podría estar relacionada con el tráfico de drogas, lo que legitima una investigación sin límites sobre las transacciones financieras. Imponiendo a los operadores del sistema (escribanos, contadores, rematadores, etc.) la carga de control so pone de multas cuantiosas e impagables. Trasladando la investigación del Estado al particular, no obteniendo este último rédito alguno mas que su tranquilidad (a veces) de que no le recaerán sobre él las consecuencias de no haber realizado los controles de policías impuestos por el Estado.
Con esto nada escapa a las porosas manos del Estado: los bancos, comercios, profesionales y hasta ciudadanos de a pie, los llamados “sujetos obligados no financieros”, se ven obligados a convertirse en informantes. Olvidándose de la presunción de inocencia, toda operación es sospechosa hasta que se demuestre lo contrario. Y lo más grave es que la excusa del narcotráfico se utiliza para aplicar estas medidas de control de manera indiscriminada, incluso en contextos donde no existe ningún vínculo real con el crimen organizado.
La Amenaza a la Libertad.
Lo antedicho no conoce de fronteras ni países, la vigilancia financiera convive en lo cotidiano con el hombre común. Quizás esto se pensó para detectar grandes redes
delictivas, pero visto el estado de situación, la voracidad estatal se fue metiendo cada día más adentró de la privacidad, lo cual abrió la puerta al control total, las finanzas e intimidad: levantamiento de secreto bancario por la mera sospecha de existencia de delito o que las explicaciones no conformen al fisco, nada es suficiente para el Estado controlador.
El avasallamiento a la libertad alcanza hasta las transacciones más insignificantes. Desde la compra de un auto usado hasta el envío de dinero a un familiar en el extranjero, todo queda bajo la lupa del sistema de control, todo debe ser reportado, controlado y justificado, ¿de dónde, para dónde y por qué? No debe confundirse si el pago es en efectivo o por transferencia bancaria, el control de origen de los fondos siempre es exigido, la llamada “debida diligencia” que debe hacer el sujeto obligado.
Pero, ¿quién tiene más facilidades de evadir estos controles? ¿el narco, o el ciudadano común? Y ¿quién tiene mayor capacidad para atacar el narcotráfico? ¿el apartado opresor y coactivo estatal o el notario que ayer obtuvo su título?
Quienes realmente poseen la capacidad de mover grandes capitales de supuesto origen ilícito encuentran mecanismos para evadir la vigilancia, mientras que el ciudadano común queda atrapado en una red de regulaciones y sospechas. El resultado es un aparato burocrático costoso e ineficiente que, en la práctica, castiga más al pequeño ahorrista que al gran criminal.
El problema real es que este discurso deteriora constantemente las libertades individuales. La privacidad, que debería ser un pilar de la libertad, se convierte en un privilegio sospechoso. El individuo pasa a ser un sujeto permanentemente vigilado, cuya inocencia siempre está bajo cuestión, invirtiendo la carga de la prueba: se es culpable hasta que demuestre lo contrario.
Este modelo, lejos de ser accidental, es funcional al apetito recaudatorio del Estado. La información obtenida en nombre de la lucha contra el lavado se convierte en una fuente invaluable para la fiscalización tributaria. La frontera entre combatir el crimen y aumentar la recaudación se vuelve difusa, y el resultado es un ciudadano sometido a una doble presión: la del miedo al delito y la del peso del fisco.
Conclusión.
El lavado de activos no debe ser visto como un delito, sino como una construcción jurídica e ideológica al servicio de los intereses estatales y del intervencionismo.
El Estado luce como árbitro moral, pero en realidad es el mayor beneficiario del sistema que dice combatir. Más que combatir al crimen organizado, su función principal ha sido legitimar un sistema de control financiero global para expandir la capacidad recaudatoria, confiscadora y fiscalizadora de Estado. Al mismo tiempo, la libertad, privacidad e inocencia de los ciudadanos se hace añicos.
Entonces, ¿qué es lo que está en juego? no podemos decir que sea la eficacia de la lucha contra el narcotráfico, sino más bien, la libertad de todos. Este discurso nos obliga a no bajar la guardia, a ser críticos ante el temor infundido por figuras creadas detrás de escritorios para justificar bajo la máscara del bien común los intereses más prosaicos del poder: recaudar más, vigilar más y controlar más.
ASOCIACIÓN DE LIBERALES DEL URUGUAY
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