Recientemente se conoció por la opinión pública, uno de los artículos del proyecto de ley de presupuesto presentado al parlamento, que releva del secreto bancario a la DGI en el marco de sus investigaciones y fiscalizaciones, sin la necesidad de que exista una orden judicial. La diferencia con el régimen actual es que precisamente, hasta ahora, era preceptiva la intervención judicial previa, en la medida que existan indicios de evasión, extremo que el nuevo artículo no menciona.
Debe decirse al respecto que el artículo propuesto es inconstitucional, puesto que atenta con el derecho a la intimidad o privacidad de las personas, consagrado en los artículos 72 y 332 de la Constitución. El derecho de mención, como lo ha consignado el Profesor Benegas Lynch, “(…) constituye una extensión del derecho de propiedad. En la sociedad abierta, el sentido básico de resguardar ese sagrado derecho está dirigido principalmente contra los gobiernos”. Es por tanto, un derecho fundamental que lisa y llanamente es avasallado por el artículo enviado por el poder ejecutivo.
Lamentablemente, quienes acostumbran en estos temas defender cualquier cosa, solo por el hecho de venir la propuesta de su partido político, sin hacer una pausa previa para la reflexión, sostienen que, quienes ponemos el grito en el cielo ante estos atropellos, es porque “tenemos algo que ocultar”, o bien nos dicen que, “si no andas en nada raro, no tenés de qué preocuparte” y otro tipo de estupideces por el estilo. Si ese es el criterio entonces, démosle al monopolio de la fuerza, es decir a los políticos, la clave de nuestro wifi, acceso libre a nuestro mail, celular y nuestras casas sin necesidad de orden judicial previa.
Esto no tiene nada que ver con defender evasores. El estado no tiene por qué saber en que gasto mi dinero, que como, que tomo y que medicamentos adquiero si estoy enfermo. Defender la libertad y la propiedad es un imperativo ético.
Una vez más asistimos al avance de un Leviatán desbocado, desesperado por recaudar a como de lugar, para financiar el gasto público obsceno al que nos tienen sometidos. Una prueba más de ello son las recientes afirmaciones de la diputada Ana Olivera quien sostuvo que “Se está eliminando el tope del gasto porque con los objetivos que tenemos no es una mala palabra”, sin advertir que cada peso de incremento de gasto es un atentado a los más pobres que dice proteger, puesto que consumen capital y con ello castigan la inversión. Con la ajena siempre es más fácil.