Dra. Romina Duran Cajigas
Eutanasia en Uruguay
No se achica el Estado, ¡se achica la población!
La Constitución como escudo
El Artículo 7 de la Constitución de la República Oriental del Uruguay establece:
“Los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida…”
Este mandato no admite relativizaciones ni atajos administrativos. Sin embargo, el proyecto de eutanasia que obtuvo media sanción en Diputados permite que dos médicos (que ni siquiera deben ser psiquiatras) y dos testigos (que no tienen por qué ser familiares) puedan validar la decisión de poner fin a la vida de una persona.
Esto convierte a un pequeño grupo de personas en árbitros supremos sobre la vida ajena, con criterios que pueden ser tan laxos como peligrosos.
Una trampa para los libertarios
Muchos defensores de la libertad individual apoyan esta ley bajo la premisa de que “cada uno es dueño de su vida”. Y es cierto: nadie debería imponerle a otro cómo vivir o morir.
Pero aquí el problema no es la libertad de decidir, sino quién certifica que esa decisión es libre, consciente y definitiva.
Si el control queda en manos de terceros sin siquiera especialización en psiquiatria, sin lazos familiares, sin garantías de ausencia de coacción, la libertad deja de ser un derecho, porque ésta ley no amplía la libertad sino que la terceriza.
Experiencias internacionales: un aviso
Bélgica y Holanda, con legislaciones similares, han documentado casos de personas jóvenes, de apenas 29 años, con depresión, bipolaridad o esquizofrenia, que fueron eutanasiadas porque un par de médicos concluyeron que su sufrimiento era “insoportable” e “irreversible”.
El consentimiento, lejos de ser indiscutible, se volvió una interpretación subjetiva de profesionales facultados para decidir quién vive y quién muere. Aberrantes situaciones han ocurrido también en Canada.
El riesgo de abrir la puerta
Si esta ley se aprueba, no se quedará ahí. La historia legislativa en países pioneros muestra que los criterios se expanden. Primero es para enfermedades terminales; luego para crónicas; luego para problemas psiquiátricos; más tarde, para “cansancio de vivir”.
Y una vez que el Estado tiene el poder de decidir que alguien “puede morir” bajo ciertos criterios, ese poder será usado, directa o indirectamente, para aliviar cargas económicas y sociales.
Cuidados paliativos:
El mandato constitucional de proteger la vida exige reforzar la red de cuidados paliativos, no reemplazarla por una oferta de “muerte digna” que en realidad decora el abandono.
Brindar tratamiento, acompañamiento y dignidad en el tramo final de la vida es cumplir con la Constitución.
Ofrecer la muerte como primera opción, en cambio, es cumplir con un plan de despoblación funcional a la reducción de costos.
Un plan que acata la orden globalista.
Un Uruguay alineado con la Agenda 2030
Nuestro país está profundamente alineado a las metas de la Agenda 2030, cuyo tema central es reconfigurar la relación entre individuo y Estado. El valor supremo deja de ser la dignidad intrínseca de la persona y pasa a ser la “sostenibilidad” del sistema. Bajo ese prisma, la eutanasia deja de ser una opción personal y se convierte en una válvula de escape para las finanzas públicas.
En la práctica: menos jubilados, menos gasto.
Una ley que apremia aprobar en un contexto económico y geopolítico inquietante
El BPS y la Caja Profesional atraviesan crisis financieras graves. Los políticos no quieren recortar el gasto público, pero necesitan mostrar “eficiencia” ante organismos internacionales.
Aquí aparece el verdadero núcleo del problema: la eutanasia, bajo la fachada de un derecho individual, se convierte en un ajuste fiscal encubierto.
Menos jubilados, menos pensionistas, menos tratamientos de alto costo: una reducción directa del gasto que jamás se explicará en términos económicos, pero que será aplaudida en los balances de las cuentas públicas.
Coincidentemente, voces como Christine Lagarde han sostenido que la longevidad es un problema económico. Uruguay, aggiornado a toda la agenda progresista, parece dispuesto a incorporar esa lógica: no achicar el Estado, sino achicar la población.
Y en Uruguay, la preocupación es mayor: la actual ministra de Salud ya ha manifestado públicamente en el pasado su disposición a considerar la eutanasia para niños. Esto confirma que el campo de aplicación puede expandirse más allá de lo que hoy se discute, siguiendo la misma pendiente resbaladiza que se ha visto en Europa.
Conclusión
La eutanasia, tal como está planteada en esta ley, no es un triunfo de la libertad ni un acto de compasión. Es un dispositivo legal que delega en un puñado de personas el poder de decidir sobre la vida de otro, en un país con crisis previsional, alineado a agendas internacionales que ven la longevidad como un problema y que, de paso, obtendrá alivio fiscal a costa de vidas humanas.
No es compasión: es obediencia a una planificación global y un ajuste fiscal disfrazado de derecho, con un potencial de expansión que podría alcanzar incluso a los menores.
La garantía del consentimiento libre e informado queda diluida en criterios subjetivos y, peor aún, burocratizados.
En el Uruguay de hoy, es también sobre quién controla la definición de “vida digna” y cuáles son los verdaderos intereses detrás de una ley que se vende como humanitaria.
Cuando un Estado con problemas de caja se otorga el derecho de terminar con la vida de sus ciudadanos, aunque sea bajo el disfraz del consentimiento, no estamos ante un acto de misericordia: estamos ante la institucionalización de la muerte como herramienta de gestión y ajuste fiscal a costa de la propia vida de los ciudadanos.
ASOCIACIÓN DE LIBERALES DEL URUGUAY
- Vida
- Libertad
- Propiedad
