Recientemente se conocieron las afirmaciones de la ministra de salud, quien sostuvo que “El mercado no puede ser el que regule”, diciendo que “se podría pensar en topear salarios” de los médicos. Todo ello en el contexto de querer mejorar el funcionamiento del fallido y mal concebido S.N.I.S. (que nunca debió existir). Estas afirmaciones constituyen un disparate mayúsculo, que revela la ignorancia en temas básicos, acerca de cómo funciona el sistema de precios. Primeramente, debe decirse que el salario es uno de los tantos precios de la economía. El sistema de precios libre, no intervenido, es el que permite la más eficiente asignación de los siempre escasos recursos, para un mejor aprovechamiento de los mismos. ¿Pero qué sucede cuando la política interviene? Se genera una distorsión o alteración en el sistema de precios, el cual ahora, a partir de la intervención de la política se ve artificialmente alterado, ya no de acuerdo a las valoraciones de la gente, sino de las preferencias del burócrata de turno. El control de precios que propone la ministra al topear salarios de los médicos, de instrumentarse, está condenado al fracaso, inexorable e irremediablemente.

Los precios en el mercado, cumplen una función de limpieza, es decir, son los que se encargan de regular los desfasajes que puedan existir entre la oferta y la demanda de un determinado producto. Si hay demasiada oferta de un producto determinado, es porque su precio de mercado es alto. Por el contrario, si la demanda de un determinado producto es muy alta, es porque su precio es bajo. El precio “intermedio” o el precio de ajuste, será el que finalmente logrará equilibrar la situación.

Los precios máximos (eso constituye topear salarios) como lo que propone la ministra, implican que por disposición gubernamental un producto o servicio no pueda venderse más allá de precio tope fijado por ley. En otros términos, existe la prohibición de vender (en el mercado formal) por un valor por encima del fijado por el Estado, el cual, acto seguido sale a controlar a través de sus agentes y de organizaciones afines, que tal disposición se cumpla, imponiendo severas sanciones a los comerciantes incumplidores. Toda esta maraña intervencionista, eso sí, se hace en nombre del pueblo, puesto que, supuestamente el Estado con este tipo de medidas cuida y protege a los consumidores.

El precio máximo artificialmente fijado por los políticos, por lo general está por debajo del precio de mercado. Lo que va a suceder es que, la oferta del producto que tiene precio máximo estará topeada. En ese caso la demanda por el producto será persistente, al tiempo que, la señal enviada al productor de dicho artículo será de desestimulo a la producción, puesto que la ganancia estará topeada. Ello acarrea como consecuencia inexorable la escasez del producto, toda vez que, no hay estímulos para su producción y la demanda permanece incambiada y más temprano que tarde, insatisfecha. Un claro ejemplo de control de precios máximos, fue lo que sucedió con el alcohol en gel y productos de la canasta básica durante la pandemia. Como expresáramos, la formación de los precios se determina por la oferta y la demanda. Cuando el Estado fija precios, además de provocar una distorsión del sistema de éstos, se atenta contra la libertad de las personas.